La educación como
eje del programa de Michelle Bachelet
El principio del fin del modelo de
mercado
Martín
Pasturino*
Hasta
1980 la administración del sistema educativo de Chile se encontraba totalmente
centralizada en el Ministerio de Educación. Este fijaba los planes y programas
para todo el sistema educativo y administraba directamente las escuelas y
liceos oficiales que representaban cerca del 80 por ciento de la matrícula,
frente a un 20 por ciento en manos de institutos privados. Similar a la proporción
público/privada histórica del Uruguay.
Cuatro
días antes de entregar el poder, el dictador Pinochet promulga la Ley Orgánica
Constitucional de la
Enseñanza (loce)
que estructura el sistema -vigente hasta hoy- mediante la transferencia de la
administración de todos los centros educativos públicos a los municipios y al
sector privado, así como la transferencia de las escuelas técnicas a las
corporaciones empresariales. Este retiro del Estado de la responsabilidad de
gestión de la educación dejó al Ministerio de Educación sólo con un tenue rol
regulador y de financiamiento, renunciando incluso a la capacidad de definir planes
y programas. Este sistema pinochetista logró el máximo grado de privatización y
descentralización, y dejó a Chile entre los países con más matrícula en manos
privadas (más del 50 por ciento). Antes de la reforma de los 80 la educación
privada -financiada sólo por las familias-
era el 6 por ciento y el 14 por ciento las subvencionadas. Luego del cambio de
sistema las privadas llegaron al 8 por ciento, mientras que las subvencionadas
–con pago compartido entre familias y el voucher
del Estado- llegaron al 39 por ciento, quedando en manos de los municipios las
escuelas destinadas a los sectores más pobres, que se sostienen con el voucher por alumno y lo que pueda
invertir una Comuna.
El
modelo chileno fue el primer experimento y la meca de los reformadores
neoliberales en el campo educativo. La experiencia se volvió modelo, Milton Friedman propone un cambio radical a través de un texto
de referencia para los neoliberales (“PublicSchools:
MakeThem Private”, 1995) donde afirma que el cambio “sólo
puede lograrse mediante la privatización de un segmento importante del sistema
educativo - es decir, al permitir que una empresa privada con fines de lucro
para el desarrollo que proporcionará una amplia variedad de oportunidades de
aprendizaje y de una competencia efectiva en las escuelas públicas. La manera
más factible de llevar a cabo esta transferencia del gobierno a la empresa
privada es promulgar en cada estado un sistema de vales que permite a los
padres elegir libremente las escuelas que asisten sus hijos”. La fórmula es libertad de elección del centro
educativo, pruebas estandarizadas, rankings públicos de escuelas y las transferencias
del Estado por cápita o vouchers. Esta lógica se instaló en un sector de la
academia y rápidamente se trasladó a los documentos de política de los organismos
de financiamiento.
A
pesar del sistema, los gobiernos de la Concertación chilena lograron avances importantes,
logrando mayor incidencia del Estado dentro del modelo. Donde cada escuela hacía
lo que quería, logró llegar a un currículum nacional para todo el sistema (resistido
por la derecha chilena desde el diario El
Mercurio), avanzó en la cobertura con programas que tendieran bajar la
desigualdad que generaba el sistema de vouchers y la municipalización, y
multiplicó la inversión educativa. El gasto por estudiante en Chile en 2008 fue
más del doble del que existía en 1995, haciendo de Chile uno de los países de la ocde
con un mayor compromiso financiero hacia la educación. Es decir, la Concertación chilena
logró el avance del Estado frente a un mercado educativo que permitía un
irritante lucro con la educación.
Si
bien la Concertación
tuvo logros, la persistencia de la desigualdad y segregación educativa evidenciaron
la dificultad estructural de un modelo de mercado. Así, en mayo del 2006
-durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- cerca de 800 mil estudiantes
acudieron a un llamado a paro nacional convocado por las asambleas
estudiantiles, denunciando el lucro y la baja calidad de la educación. Las
movilizaciones provocaron un cambio en el gabinete en julio y un proyecto de
ley de educación en 2007 que incluyó prohibir lucrar con recursos públicos y la
eliminación de sistemas de selección de alumnos hasta octavo grado básico.
La
movilización estudiantil no cesó desde 2006, manteniendo su denuncia de la existencia
de lucro en la educación, problemas en la calidad y las dificultades de acceso
a la educación superior. Este problema pone a la educación en la agenda
política chilena como un problema insoslayable, y esto lo reconoce Bachelet, la
candidata con más chances de ganar las próximas elecciones, frente a la derecha
que se quedó sin programa.
Así,
el domingo 27 de octubre la candidata presidencial –ahora- de la Nueva Mayoría ,
Michelle Bachelet, junto a dirigentes sociales, culturales, gremiales, y
políticos, presentó su programa de gobierno que tiene como eje central una gran
reforma estructural de la educación pública. En el teatro Huemul en la comuna
de Santiago Centro, la ex presidenta dijo que tiene “el convencimiento que la educación es un derecho social y no un bien de
consumo”, planteando que se necesita una reforma que asegure una educación
pública de calidad, gratuita, sin lucro e integradora.
Bachelet
afirmó: “queremos que la educación de los
colegios públicos y subvencionados sin lucro sea tan buena o mejor que la
pagada. Eso no es un sueño, hay diversos países de Europa y Norteamérica que lo
han logrado”. Reconoció que “a pesar
de los esfuerzos, la desigualdad educacional y la segregación continúan en
niveles alarmantes y la educación pública se ha visto especialmente reducida y
fragilizada” y que “la gran deuda hoy
es mejorar transversalmente la calidad de la educación, entendida integralmente
y no sólo como el resultado de pruebas estandarizadas y, también reposicionar a
la educación pública en todos los niveles”.
La
propuesta de la Nueva
Mayoría apuesta al fortalecimiento del rol del Estado como
actor activo, tanto en la entrega directa de servicios educativos, como en una
estricta fiscalización del sistema. Señala que es necesario poner fin al lucro
educativo mediante el financiamiento privado exclusivamente para instituciones
sin fines de lucro. Se propone terminar con el financiamiento compartido
gradualmente hasta que sea completamente eliminado y, de esta manera, terminar
con la segregación social en la educación financiada con recursos públicos.
Por
otra parte, hace un cambio radical en la descentralización hacia los municipios,
por una nueva institucionalidad pública en manos de una administración
especializada en educación. De esta manera propone un Servicio Nacional de
Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública en
el ámbito del Ministerio de Educación, con personería jurídica, patrimonio
propio y un consejo consultivo. De esta manera, la Nueva Mayoría se
aleja fuertemente del modelo neoliberal implantado en los 80, manteniendo la
educación mixta pero pasando la administración de la educación de los municipios
–que demostraron ser malos gestores- a un nuevo arreglo institucional público,
profesional y descentralizado. Por otra parte, el programa se propone
establecer una carrera docente que defina mejores remuneraciones, introduzca
incentivos y aumente gradualmente el número de horas de la jornada laboral
docente destinado a trabajo fuera del aula. El programa estima un costo fiscal
de entre 1,5 y 2 puntos de incremento del pbi
hacia la educación.
Si bien no han salido
públicamente programas de los partidos uruguayos, es posible anticipar que
algunos sectores de derecha propondrán más mercado a través de la financiación
pública de la educación privada. No obstante, el ejemplo chileno nos señala que
ese no es el camino. Esta insatisfacción en la educación uruguaya también
requiere un cambio sustantivo, no se tata de más Estado, sino de lograr mejoras
en la calidad y la equidad de los servicios educativos. El primer gobierno de
Tabaré Vázquez avanzó con una nueva ley –que en sí es un programa- e incrementó
sustantivamente los recursos para la educación. Pero eso no basta pues persisten
los problemas.
El
nuevo programa que se está gestando en el Frente Amplio reconoce avances y
desafíos en los últimos dos gobiernos y pone foco en los retos de la educación
media, donde señala que para la universalización efectiva se “requiere un rediseño institucional y revisar
la arquitectura institucional actual”. Es necesario un cambio estructural,
que abarque la formación inicial de docentes, la actualización permanente, la
carrera docente, el diseño curricular, así como el modelo de servicio y de
gestión, y mantener un esfuerzo fiscal. Ello sólo es posible con amplios
consensos que hagan posible revertir la persistente falta de calidad y equidad
de la educación de los últimos treinta años.
*Ex
consejero de Secundaria. Actual director de área en el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional (inefop).
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